Chile merece una nueva constitución para los desfíos del futuro, pero no cómo se han desarrollado los últimos procesos. La votación de ayer para elegir a los consejeros constituyentes puede verse como otro acto del gran teatro del mundo político, que busca imponer a espaldas del pueblo una constitución anhelada de manera desmedida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un organismo internacionalista involucrado directamente en los designios del país. Prueba de aquello serían los más de 2.108.028 votos nulos, una cifra histórica que superó a todos los partidos, salvo a uno, y que debiese hacer temblar a una clase política mezquina, desgastada por el dinero e incapaz de reconciliar al país.
Así se ha iniciado una etapa para ver cuánta integridad le queda a los políticos, especialmente a los llamados soberanistas, que tendrán que enfrentar las suculentas tentaciones que ofrece el globalismo del Nuevo Orden Mundial y la Agenda 2030 apoyada por el gobierno de Chile.
En Chile casi todo lo político ha pasado a ser algo discrecional. Desde le momento en que las políticas gubernamentales privilegiaron el beneficio económico de los grandes laboratorios en desmedro del derecho constitucional a la libertad y la dignidad de las personas, cualquier cosa es posible. De hecho, bastaría con sondear cuántas personas saben en qué consiste realmente la Agenda 2030. Muy pocos.
El rechazo del primer proyecto de nueva constitución no sólo significó multimillonarias pérdidas para los contribuyentes, sino también ratificó la vigencia de la actual constitución. A pesar de ello, el voluntarismo del gobierno, presionado por la ONU, levantó este segundo proceso que tampoco tiene los trigos muy limpios. Sucede que muchos votantes de derecha, simplemente, no quieren una nueva constitución y, desde ya, llaman a rechazar el nuevo proyecto que se decidirá el 17 de diciembre de 2023. Por su parte, la respuesta de la izquierda en el poder no se hizo esperar y ya ha amenzado públicamente con un segundo estallido social de no aprobarse una nueva constitución, la suya seguramente.
Si el pueblo chileno llegase a rechazar el nuevo proyecto de Carta Magna, no sólo sería un fracaso concluyente de la clase política que ha gobernado al país desde 1990, sino también una lección que bien merecen derechas e izquierdas, dos ideologias incapaces de llevar al país al desarrollo.
Ahora sólo queda esperar para leer el segundo borrador, analizar el producto, ver si es original y decidir por el apruebo o rechazo.